La vía judicial para que el Ayuntamiento de Donosti obtenga reparación por la represión sufrida por 24 funcionarios y empleados municipales tras la entrada de las tropas franquistas en 1936 ha sido cerrada de forma definitiva. La Audiencia Provincial ha decidido archivar la querella presentada por el Consistorio, en la que se tipificaban los actos como delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad, detenciones ilegales, asesinatos, torturas, agresiones sexuales y apropiaciones indebidas.
Según ha informado eldiario.es, el tribunal ha argumentado que los delitos en cuestión están prescritos y que no se pueden aplicar retroactivamente normativas penales posteriores. Además, enfatizó que la ley de amnistía de 1977 es de aplicación en este caso.
La denuncia fue presentada en 2023, durante el mandato del alcalde Eneko Goia. En esa ocasión, Goia afirmó que era un paso significativo en la búsqueda de verdad, justicia y reparación, destacando que los trabajadores municipales vinculados a la República habían sufrido graves vulneraciones de sus derechos. El proceso tiene sus orígenes en los trabajos de documentación iniciados en 2017 en colaboración con la sociedad Aranzadi, con el objetivo de recopilar información sobre las víctimas de la Guerra Civil en la ciudad. Un especialista en memoria histórica elaboró un listado con los 24 afectados, y tres años después se formalizó la querella.
Los expedientes que fueron analizados provienen del proyecto Donostia 1936-1945 y abarcan a empleados municipales, cargos públicos, alcaldes pedáneos, representantes del PNV y del PSOE, así como miembros de los sindicatos UGT y CNT.
En 2024, un juzgado de Donostia decidió el archivo de la causa. El Ayuntamiento presentó un recurso con la finalidad de continuar la investigación, pero la sección tercera de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa confirmó el sobreseimiento, comunicando esta decisión al Consistorio en octubre, poco antes de la salida de Goia de la alcaldía.
En su impugnación, el Ayuntamiento sostenía que el Estado tiene la obligación de perseguir penalmente las violaciones de derechos humanos y argumentaba que los crímenes contra la humanidad no prescriben, apoyándose en el llamado derecho de Núremberg. Sin embargo, el tribunal consideró que tales normativas fueron aprobadas después de los hechos, por lo que no pueden aplicarse de manera retroactiva, un principio fundamental del ordenamiento jurídico. Además, se reafirmó la vigencia de la amnistía de 1977. Los servicios jurídicos municipales, sin embargo, recordaron que varios organismos internacionales han cuestionado la interpretación que los tribunales españoles han hecho de esa ley.
Las personas a las que se pretendía reparar incluyen a Ángel Abalde, Ignacio Aramendi, José Arrizabalaga, entre otros. Tras identificar a estas víctimas, el Ayuntamiento contactó con algunos de los descendientes de los fallecidos para informarles sobre su intención de presentar la querella y buscar el reconocimiento y la restauración de los derechos de sus familiares. Los descendientes localizados apoyaron esta iniciativa.
El Consejo Sectorial de la Memoria Histórica se estableció en 2014 con el propósito de proporcionar una «lectura colectiva» para comprender el pasado de aquellas «personas olvidadas, silenciadas y despreciadas» durante el régimen franquista. Donostia se consolidó así como la primera capital de la Comunidad Autónoma Vasca en implementar una mesa de este tipo. En el mismo año, se inauguró en la calle Ijentea la escultura Dual, que honra a las víctimas del franquismo. Durante la dictadura, un total de 400 personas fueron ejecutadas en la capital guipuzcoana, entre ellas aquellas que trabajaban en el Ayuntamiento.
En septiembre de 2024, el PP planteó una propuesta en la Comisión de Derechos Humanos de Donostia para interpelar al gobierno municipal sobre por qué la escultura ‘Dual’, levantada en 2014, no incluye “a todas las víctimas de la Guerra Civil” en Donostia. Esta interpelación se unió a una carta de un grupo de intellectuales vascos conocidos vinculados en su día con Basta Ya y que hoy orbitan en la derecha española, en la que solicitaban al alcalde Eneko Goia que reinterpretara la escultura e incorporara el nombre de aproximadamente 250 personas que murieron en las semanas siguientes al golpe de estado franquista del 18 de julio a manos de milicianos republicanos.
La carta contaba con la firma de figuras como Jon Juaristi, Fernando Savater, Carlos Martínez Gorriarán e Iñaki Ezkerra, así como la del excongresista del PNV, Iñaki Anasagasti. Este contexto pone de manifiesto las tensiones que aún persisten en la sociedad vasca respecto a la memoria histórica y las diversas interpretaciones sobre el legado del pasado franquista.
