La relación entre los gobiernos y los medios de comunicación ha sido históricamente un tema de interés, y el Gobierno Vasco no es una excepción. En el País Vasco, incluidos los territorios de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, se ha observado que las instituciones públicas, bajo la dirección del PNV, han utilizado la publicidad institucional como un instrumento para consolidar su influencia mediática y alinear los mensajes con sus intereses políticos.
Desde 2018 hasta 2022, el Ejecutivo autonómico ha llevado a cabo un total de 1.351 campañas publicitarias. De estas, un número significativo, 665, ha sido destinado a El Correo y sus suplementos, lo que ha supuesto un desembolso cercano a los 6,5 millones de euros. A su vez, El Diario Vasco ha recibido 517 campañas, acumulando casi 4,5 millones de euros, mientras que Cadena Ser ha gestionado 388 campañas por un valor superior a los 4 millones de euros. En total, estos tres medios han absorbido una cantidad de recursos equivalente a la que han recibido el resto de los medios de comunicación en la región.
El Gobierno Vasco ha sido criticado por favorecer a medios de comunicación de corte más conservador y en lengua castellana, lo que ha generado una percepción de desigualdad en la distribución de recursos. En este sentido, es notable que, durante el periodo mencionado, sólo el 7% de los fondos se haya dirigido a medios en euskera. Por ejemplo, el diario Berria, que opera exclusivamente en euskera, ha recibido aproximadamente 1.331.000 euros, lo que contrasta notablemente con la cantidad que ha percibido El Correo.
El caso de Argia es emblemático. A pesar de sus esfuerzos por dar visibilidad a esta disparidad en la asignación de fondos, la revista ha recibido únicamente 100.000 euros en campañas publicitarias durante los últimos cinco años. Esta situación ha suscitado críticas no solo de sus lectores, sino también de partidos de la oposición como EH Bildu y Elkarrekin Podemos, que han instado al Gobierno Vasco a adoptar medidas de control más efectivas.
Además, la falta de transparencia en la legislación que regula la publicidad institucional ha alimentado las dudas sobre cómo se distribuyen realmente los recursos. La normativa vigente, establecida en 2010, no define claramente los criterios de asignación, permitiendo que el Gobierno utilice criterios vagos que pueden llevar a un uso arbitrario de los fondos públicos.
Un aspecto alarmante de esta situación es que, a pesar de que el Gobierno Vasco ha incrementado su inversión en medios de comunicación en euskera, este aumento es todavía irrelevante en comparación con la inversión en medios de comunicación en castellano. En 2021, por ejemplo, el 93,6% del dinero público se destinó a medios en castellano, mientras que solo un 6,6% se asignó a aquellos que publican en euskera. Esto ha generado un ambiente tóxico para la diversidad mediática en la región, dejando a los medios en euskera en una situación de clara desventaja.
A pesar de los esfuerzos de ciertos medios por hacer frente a esta situación, la tendencia se mantiene. Por ejemplo, el periódico Deia ha visto aumentar su financiamiento a través de la publicidad institucional, recibiendo en 2022 un total de 565.795 euros, a pesar de haber perdido un 38% de lectores en ese mismo periodo. Esto pone de manifiesto que las decisiones del Gobierno Vasco parecen estar guiadas más por la afinidad ideológica que por el alcance real de los medios.
La crítica a esta gestión no solo proviene de los medios afectados, sino que también plantea interrogantes sobre la equidad en la asignación de recursos estatales. ¿Es justo que se privilegien a ciertos medios en detrimento de otros, especialmente cuando se trata de recursos públicos? Esta situación hace necesario repensar los criterios que rigen la publicidad institucional, considerando aspectos como la diversidad mediática y la promoción de las lenguas minoritarias. En conclusión, la opacidad y la falta de criterios claros en la distribución de recursos públicos no solo amenazan la pluralidad informativa, sino que también pueden tener un impacto negativo en el desarrollo cultural y lingüístico de la sociedad vasca.
