El Gobierno Vasco emitió el pasado martes un dictamen desfavorable a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por los sindicatos ELA y LAB, que busca establecer un Salario Mínimo Interprofesional en Euskadi. Esta decisión implica, de facto, un cierre a su tramitación en el Parlamento Vasco. Según el vicelehendakari segundo y consejero de Economía y Empleo, Mikel Torres, la propuesta carece de fundamentos legales bajo su forma actual, ya que es competencia exclusiva del Estado, tal como se establece en el Estatuto de los Trabajadores. Torres subrayó que cualquier modificación de este tipo debería realizarse a través de una ley orgánica o una ley marco, no mediante una ILP.
La ILP fue presentada en el Parlamento Vasco el 21 de agosto tras la recolección de más de 138.000 firmas. Los sindicatos que la respaldan plantean una reforma del Estatuto de los Trabajadores para permitir a las comunidades autónomas regular su propio salario mínimo. Sin embargo, el apoyo explícito de los partidos que forman el Gobierno, como el PNV y el PSE, significa que su posible tramitación está condenada al fracaso, dado que estos grupos cuentan con la mayoría necesaria para bloquearla.
El consejero Torres explicó que la ILP solicita al Parlamento que envíe al Congreso una proposición de ley que afecta a la repartición de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, aludiendo al artículo 151 de la Constitución. Esto implica que cualquier propuesta debería ser formulada como una ley orgánica o una ley marco de carácter ordinario. Además, destacó que una norma de esta naturaleza debería contar con un consenso amplio entre los actores sociales, incluidos sindicatos y organizaciones empresariales, así como entre los gobiernos autonómicos y el estatal.
Torres también hizo énfasis en las posibles consecuencias negativas de la «ruptura de la unidad» que podría producirse con un salario mínimo diferenciado. «Un cambio de este tipo no puede impulsarse únicamente mediante una ILP; exige un profundo proceso de concertación social y política, sustentado en el diálogo entre todos los actores implicados y en análisis técnicos previos sobre los impactos jurídicos, económicos y sociales», afirmó.
En una visita a Euskadi realizada en mayo, Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, también se mostró en contra de crear «estructuras salariales distintas». Durante su intervención, aseguró que el salario mínimo interprofesional establecido por el Estado debe actuar como un suelo que garantice la igualdad entre comunidades. Días antes, el secretario general de CCOO en Euskadi, Santi Martínez, había advertido sobre el «peligro de desmontaje del salario mínimo estatal».
Un día antes de que el Gobierno Vasco se pronunciara oficialmente, el PNV expresó su rechazo a la ILP, argumentando que se encuentra bajo la supervisión del Estado y dependiente de la voluntad de las Cortes españolas, las cuales, en este momento, son contrarias a la propuesta. El partido jeltzale destacó que la mejor solución debería ser la negociación entre la patronal y los sindicatos para establecer un salario mínimo de convenio.
El Ejecutivo sostiene que la negociación colectiva es el mejor camino para establecer un SMI adecuado. «La fórmula más eficaz siempre es la negociación colectiva, y ese ha sido el mandato del Parlamento Vasco en 2023», comentó Torres. El PNV ha indicado que, en el contexto actual, las únicas herramientas disponibles para establecer un SMI propio son la prevalencia de los convenios y la negociación colectiva entre los agentes sociales.
Esta postura no ha sido bien recibida por los sindicatos abertzales, quienes criticaron al PNV por su alineación con el PSE y los sindicatos UGT y CCOO en esta cuestión. ELA cuestionó la «conducta profundamente antidemocrática del Gobierno de Pradales» y exigió que se vote a favor de la ILP en la siguiente sesión del Parlamento Vasco, para que su reivindicación sea debatida. Igualmente, anunciaron movilizaciones conjuntas con otros sindicatos.
Por su parte, LAB señaló que el Gobierno Vasco intenta cerrar todas las vías para establecer un salario mínimo propio. Afirmaron que, por un lado, se niega a mediar en el intento de conciliación con la patronal, y por otro, se opone a tramitar la ILP que cuenta con el apoyo de 138.495 firmas. Así, coincidieron en denunciar la «clara posición antidemocrática» del Ejecutivo.
Confebask, que participará este miércoles en un acto de conciliación relacionado con el conflicto colectivo planteado por los sindicatos abertzales, aún no ha confirmado su postura frente a esta reunión. Quien presidirá el encuentro será el Consejo de Relaciones Laborales (CRL) en Bilbao, que incluirá a UGT-Euskadi y CCOO. Es importante recordar que, en febrero, Confebask ya cerró la puerta a establecer una mesa de negociación con los principales sindicatos vascos.
Según ha expresado ELA, existe una obligación legal de negociar debido a que los convenios colectivos locales tienen prioridad sobre los estatales. Sin embargo, la patronal considera que el diálogo social es el ámbito más adecuado para tratar este tema, condicionando la discusión a otros asuntos como el absentismo. Los sindicatos abertzales desean que el Gobierno Vasco sea parte activa en este diálogo, aunque no ha sido convocado por el CRL.
