La gestión del régimen económico de la Seguridad Social ha sido un tema complicado en las negociaciones entre el Gobierno Vasco y el Ejecutivo central. Ambas partes estaban al tanto de que esta cesión era el reto más significativo de las transferencias pendientes, lo que llevó a que figurara al final del cronograma de temas a debatir desde 2020. Hoy, sin embargo, se ha dado un nuevo paso al asumir la gestión de la prestación por desempleo, un avance que abre el camino para futuros acuerdos, específicamente en relación con la gestión de las pensiones.
El Gobierno Vasco busca alcanzar este objetivo antes de que el Gobierno de Pedro Sánchez se vea afectado por un posible cambio político que podría traer consigo la llegada del Partido Popular. Con el PSOE, conseguir esta transferencia resulta complicado, pero con el PP sería prácticamente imposible. La presión ejercida por la amenaza de retirar el apoyo de los nacionalistas está llevando a Sánchez a la urgencia de acelerar los acuerdos antes de que la legislatura se considere agotada.
La gestión de las pensiones es el siguiente gran desafío, ya que actualmente hay cerca de 588.000 pensiones abonadas en Euskadi, con un coste mensual que asciende a 955 millones de euros. Entre estas pensiones, se encuentran las más altas de España, siendo Bizkaia la que presenta las prestaciones más elevadas con una media de 1.874 euros, seguida de Gipuzkoa con 1.788 euros y Álava con 1.648 euros. Este escenario pone de manifiesto la importancia de la transferencia de competencias en esta área, un aspecto que ha generado tensiones significativas a lo largo de los años.
Hoy se firma la cesión de la gestión de las prestaciones por desempleo, que beneficiará a alrededor de 51.000 personas, con un total de 822 millones de euros en juego. Esta transferencia incluye la responsabilidad sobre la afiliación de los trabajadores, la gestión y control de la cotización, así como la recaudación y aplazamiento de cuotas, aunque no se asumirá la capacidad de desarrollo normativo, que seguirá en manos del Estado.
Este acuerdo permitirá al País Vasco tener la titularidad sobre las políticas activas y pasivas de empleo que se definen en el Estatuto vasco de 1979. Si bien la gestión del desempleo se ha formalizado, aún queda un camino por recorrer en relación con otras competencias, como la gestión de las pensiones, la cual es considerada la pieza clave que el Gobierno vasco desea obtener. La cesión de competencias, si bien ha sido un proceso largo y complicado, está tomando forma y apunta a ser completada en un futuro próximo.
Además de las pensiones, el Gobierno Vasco busca avanzar en otros ámbitos de la Seguridad Social, que incluye la gestión de las prestaciones contributivas, como las pensiones por incapacidad permanente y orfandad, así como la gestión del Instituto Social de la Marina para los trabajadores del mar. También se espera que se inicien negociaciones para la cesión del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), que es crucial para garantizar los salarios e indemnizaciones en caso de insolvencias empresariales.
Aunque se ha dado un paso adelante en la gestión del desempleo, todavía quedan por resolver temas como la dirección de los puertos y aeropuertos, que siguen bajo la tutela del Estado. La administración vasca está trabajando en un modelo de cogestión que permita una colaboración sin perder de vista el interés general que supone la gestión de estas infraestructuras. Las negociaciones han sido complejas, y el presidente de AENA ya advirtió que cualquier intento de ceder la gestión completa a las comunidades autónomas sería complicado debido a la estructura de propiedad de la entidad.
Con la firma de este acuerdo, el País Vasco se acerca a completar el desarrollo del Estatuto de Gernika, aunque aún hay un largo camino por recorrer. La celeridad con la que se avanza en las transferencias dependerá de la situación política en Madrid, especialmente considerando la incertidumbre que podría surgir con un posible cambio de gobierno tras las próximas elecciones. Mientras tanto, la administración vasca se prepara para asumir un papel más protagónico en la gestión de sus competencias, lo cual es fundamental para la autonomía y el bienestar de sus ciudadanos.
