A pesar de los retos que enfrenta la gestión ambiental a nivel global, este 20 de enero se marca un hito significativo con la entrada en vigor del Tratado de Alta Mar. Este acuerdo, oficialmente conocido como Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ, por sus siglas en inglés), representa un avance crucial en la protección de los océanos y en la cooperación internacional.
Las aguas internacionales, que cubren casi la mitad de la superficie terrestre, son consideradas un patrimonio común de la humanidad. Con este tratado, se establece un marco legal que garantizará la protección de la biodiversidad marina y una distribución equitativa de los recursos entre las naciones. Este acuerdo no solo tiene como objetivo preservar la diversidad biológica en alta mar, sino también asegurar que los beneficios derivados de los recursos marinos sean accesibles para todos los países.
La embajadora de Singapur para el Derecho Internacional, Rena Lee, quien tuvo un papel fundamental en las negociaciones, destacó la importancia de este tratado en un contexto de crisis climática y de biodiversidad. «La cooperación global no es una opción, sino una necesidad. Este Tratado encarna la esperanza y el compromiso compartido de un futuro más prometedor para el océano y nuestro planeta», afirmó Lee. Su discurso subraya la relevancia del multilateralismo en la búsqueda de soluciones frente a desafíos globales.
Con la implementación del tratado, se habilitan las herramientas necesarias para la creación de áreas marinas protegidas (AMP) en alta mar. Además, este acuerdo establece obligaciones claras para garantizar el uso sostenible de los recursos oceánicos, priorizando el desarrollo de capacidades y el acceso a la tecnología. Estas medidas son fundamentales para lograr los objetivos internacionales en materia de biodiversidad y clima, incluyendo la meta de proteger el 30% de los océanos de aquí a 2030.
El tratado ha sido fruto de dos décadas de negociaciones y se finalizó en marzo de 2023. Su entrada en vigor requería la ratificación de sesenta países, un objetivo alcanzado el 19 de septiembre de 2025. A partir de hoy, el Tratado entra en la fase de aplicación, y su primera Conferencia de las Partes (CoP), que será el órgano decisorio del acuerdo, se celebrará en el próximo año.
Las disposiciones del tratado tienen efectos inmediatos. Cualquier actividad relacionada con la alta mar que pueda tener un impacto ambiental debe seguir los procesos de evaluación establecidos por el acuerdo. Esto incluye la minería submarina, una actividad que ha despertado el interés de diversas empresas, especialmente en Estados Unidos, donde se ha impulsado su desarrollo para obtener minerales críticos.
Los expertos subrayan que el verdadero impacto del Tratado de Alta Mar dependerá de su correcta aplicación y el respeto de sus normativas en los años venideros. Actualmente, 83 partes ya han adherido al acuerdo, y se espera que más países se sumen antes de la CoP1, una cumbre que evaluará la puesta en marcha del tratado. Es relevante mencionar que España fue el primer país de la Unión Europea en ratificar este importante documento.
Mientras tanto, se avanza en la configuración de la arquitectura institucional del tratado a través de una Comisión Preparatoria. Esta debe proponer pasos concretos para su adopción en la primera conferencia, con el objetivo de que el tratado comience a operar lo antes posible. También se invita a los países a identificar zonas críticas en alta mar que necesiten protección, facilitando así la presentación de propuestas de conservación en futuras reuniones.
El avance en la protección de los recursos marinos es un paso necesario hacia un futuro más sostenible. Con el Tratado de Alta Mar, se establece un compromiso colectivo para salvaguardar la biodiversidad de los océanos, lo que es fundamental no solo para la salud de nuestros mares, sino también para el bienestar del planeta en su conjunto.
