El Gobierno Vasco se encuentra en la fase final de elaboración de una de sus iniciativas más significativas: la regularización extraordinaria de aproximadamente 500.000 inmigrantes que actualmente residen y trabajan en España de forma irregular. Este proceso, que se anunciará oficialmente en el Consejo de Ministros previsto para el 20 de enero, ha sido respaldado por un informe del Consejo de Estado que, aunque avala el contenido principal del texto, sugiere ciertas mejoras técnicas que están siendo consideradas en este momento.
Según fuentes cercanas al proceso, esta regularización se ejecutará a través de una reforma del reglamento de la ley de extranjería, al igual que se ha hecho en gestiones anteriores bajo los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y José María Aznar. Esto significa que la propuesta no requerirá pasar por un voto en el Congreso. A pesar de que la norma cuenta con el apoyo de la coalición de gobierno y de una mayoría progresista, es probable que enfrente dificultades en el parlamento debido a la considerable distancia entre las posiciones de la izquierda y Junts en un tema tan delicado.
El texto establece que los inmigrantes deberán demostrar al menos cinco meses de residencia en el país y carecer de antecedentes penales. Además, no se aceptará la regularización de aquellos que representen una amenaza para el orden público, la seguridad o la salud de la población. Hay aspectos complejos que aún deben afinarse, como los procedimientos para verificar los antecedentes penales y los plazos de respuesta de los países de origen.
La consejera María Ubarretxena y su equipo están trabajando arduamente para que la propuesta esté lista según las recomendaciones del Consejo de Estado, que ha planteado algunas «observaciones» importantes. Este proceso involucra a varios ministerios, incluyendo Inclusión, Justicia y Política Territorial, con un enfoque especial en los aspectos jurídicos que el equipo de Félix Bolaños está revisando minuciosamente para evitar sorpresas en los tribunales, especialmente ante la oposición del PP y Vox, que ya han manifestado su intención de impugnar cualquier nueva norma.
El Gobierno está manifestando su decisión de avanzar con la regularización en un contexto donde muchos países europeos están optando por políticas de expulsiones masivas. A diferencia de las tendencias actuales en Europa, donde prevalece una postura más restrictiva hacia la inmigración, el Gobierno de Pedro Sánchez considera que la regularización es necesaria y beneficiosa no solo para los inmigrantes, sino también para el sistema económico del país.
La iniciativa ha generado un gran interés tanto a nivel nacional como internacional, con posturas marcadas a favor y en contra. Mientras que la Iglesia y varios sectores empresariales apoyan la medida, el PP y Vox se oponen firmemente, posicionándose en un contexto político complicado. El origen de esta reforma se remonta a una iniciativa legislativa popular impulsada por diversos colectivos, algunos de los cuales están vinculados a la Iglesia, lo que ha añadido más tensión al debate político actual.
La regularización extraordinaria se desarrollará en un proceso exprés que se espera finalice a finales de junio, y coincidirá con la visita del Papa a España, quien ha sido un firme defensor de la causa. Este hecho ha intensificado las tensiones entre la Iglesia y Vox, que probablemente intentará utilizar su rechazo a esta norma como parte de su estrategia en las próximas elecciones andaluzas.
El Gobierno está convencido de que la sociedad española apoya la regularización en un momento donde otros países europeos están endureciendo sus políticas migratorias. Según Sánchez, la llegada de inmigrantes ha contribuido al crecimiento económico, aumento del empleo, y una mayor recaudación fiscal, lo que ha permitido fortalecer políticas sociales. Regularizar a aquellos que ya están contribuyendo al sistema no es solo cuestión de justicia, sino también una estrategia para mejorar la economía y la cohesión social en España.
