El Gobierno Vasco de coalición entre el PNV y PSOE ha invocado los «derechos» de Mikel Garikoitz Aspiazu, conocido como Txeroki, quien cumple una condena de 377 años por 20 intentos de asesinato, para justificar la retención del informe que facilitó su acceso a la semilibertad. Este exjefe de ETA salió de prisión el pasado mes de febrero tras la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, a pesar de no mostrar signos de arrepentimiento por sus crímenes. Desde entonces, tiene permitido salir de la cárcel de lunes a viernes, regresando por las noches y permaneciendo en prisión los fines de semana.
El Ejecutivo autonómico ha eludido aclarar las razones que han llevado a otorgar estos beneficios penitenciarios, tal como se evidenció en una respuesta escrita a la diputada de Vox en el Parlamento vasco, Amaia Martínez. En lugar de ello, la administración enfatiza que «cualquiera que sea la modulación de los derechos fundamentales en el ámbito penitenciario, no puede llevar a la privación del derecho a la protección de datos de carácter personal«. En este sentido, argumentan que, aunque estén condenados, no pueden perder el derecho a que se resguarden sus datos personales.
El Gobierno Vasco sostiene que la normativa penitenciaria y de protección de datos impone a la administración un estricto deber de confidencialidad respecto a la información contenida en los expedientes de los internos. Según el Ejecutivo, estos documentos contienen datos especialmente protegidos de carácter personal, sanitario, psicológico, social y familiar, y su divulgación podría ocasionar «una vulneración de derechos fundamentales«.
Además, el Gobierno remite a un «procedimiento judicial sustanciado en el juzgado de vigilancia penitenciaria», donde, según aseguran, se encuentran los documentos solicitados. Argumentan que la Administración Pública «no puede disponer» del contenido de esos informes.
No solo se resisten a desvelar el contenido del informe que avaló su semilibertad, sino que también evitan confirmar si Txeroki ha mostrado algún tipo de signo de arrepentimiento o de desvinculación con la organización terrorista ETA o de sus actos delictivos. Esta falta de información ha suscitado críticas por parte de asociaciones de víctimas, como Covite (Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco), que denuncian que el uso del artículo 100.2 está «desvirtuando el carácter excepcional de esta medida» y el «requisito legal del arrepentimiento».
Desde la perspectiva de Covite, esto consolida «una política penitenciaria orientada a facilitar la salida de prisión de los terroristas de ETA sin exigirles una verdadera desvinculación del entramado político y social que todavía hoy legitima el terrorismo».
Por otro lado, el Gobierno Vasco no ofrece información sobre las actividades laborales o formativas que Txeroki llevará a cabo, las cuales justifican sus salidas de prisión, aduciendo motivos similares: proteger sus «derechos fundamentales».
Txeroki, quien fue capturado en noviembre de 2008 en Francia, comenzó a cumplir condena allí hasta ser trasladado a España a principios de 2018 para ser juzgado por diversas causas pendientes. En julio de 2011, fue condenado a 377 años de cárcel por 20 delitos de asesinato en grado de tentativa, recibiendo 18 años por cada uno de ellos, además de un delito de estragos terroristas. Entre estos intentos se encuentra el de asesinato de la ex teniente de alcalde de Portugalete, Esther Cabezudo (PSE), en febrero de 2002. También fue condenado a otros 18 años de prisión por intentar matar a la ex delegada de Antena 3 en el País Vasco, María Luisa Guerrero, en enero de 2002.
La situación de Txeroki sigue generando controversia y debate en la sociedad vasca, evidenciando las tensiones en torno a la política penitenciaria y la memoria histórica relacionada con el terrorismo en el País Vasco.
