El Gobierno Vasco ha puesto de manifiesto que corresponde a las diputaciones forales tomar la iniciativa frente al creciente problema de las familias extranjeras que abandonan a sus hijos menores en Euskadi. Este fenómeno, que ha sido revelado recientemente por el medio EL CORREO, aunque aún es poco frecuente, parece estar en aumento.
La consejera María Ubarretxena ha manifestado en una reciente intervención que cualquier medida que se necesite en este ámbito debe ser liderada por las diputaciones, destacando que el Ejecutivo regional se encuentra dispuesto a colaborar en las necesidades que estas entidades puedan tener. Según la consejera, «ese tema es competencia foral», lo que subraya la importancia del papel que deben desempeñar estas instituciones en la resolución de esta situación.
En el contexto de esta problemática, la diputada de Acción Social, Amaia Antxustegi, ha indicado que en los últimos meses la Diputación de Bizkaia ha identificado seis casos de familias que han dejado a sus hijos en el territorio para que sean cuidados por la red foral de acogida. Antxustegi ha añadido que, ante estas situaciones, se notifica a la Fiscalía para que realice las investigaciones pertinentes, lo que puede derivar en detenciones si se considera necesario.
Asimismo, se ha detectado un patrón preocupante en el que familias marroquíes asentadas en Bélgica están intentando llevar a cabo este tipo de fraude. En Gipuzkoa, un caso notable involucra a un profesor universitario de Biología en Marruecos que también intentó abandonar a su hijo en la comunidad autónoma. Este fenómeno ha comenzado a normalizarse entre determinadas familias de Marruecos, que buscan mejorar el futuro de sus hijos dejando que sean tutelados en Euskadi, donde creen que tendrán acceso a mejores oportunidades educativas.
Antxustegi ha expresado su inquietud no solo por este tipo de fraude, sino también por otras cuestiones relacionadas con la acogida de menores. Una de estas preocupaciones es la sospecha de que personas mayores de edad se están haciendo pasar por adolescentes para beneficiarse de la red de acogida de Bizkaia. Según se estima, alrededor de un 20% de los tutelados podrían estar en esta situación. Ante ello, la Diputación ha instado a la Fiscalía para que se realicen pruebas de edad, buscando verificar la autenticidad de las identidades de estos jóvenes.
En términos de recursos, Bizkaia tiene la capacidad de atender a aproximadamente 400 menores, pero actualmente se encuentra gestionando a 487, e incluso ha llegado a acoger a cerca de 600 en momentos de máxima presión. Esto ha generado descontento entre las autoridades locales, que consideran que otras comunidades no están cumpliendo con su responsabilidad de tutelar a los menores que les corresponden. «No hay control, nos llegan menores que deberían estar tutelados en otras comunidades», ha resumido Antxustegi, reflejando la situación crítica que enfrenta el sistema de acogida.
La creciente preocupación por el bienestar de los menores en riesgo ha llevado a la Diputación de Bizkaia a solicitar cambios y mejoras en el control de las llegadas de menores, así como en la coordinación con otras comunidades autónomas. Este fenómeno requiere una atención urgente y un enfoque colaborativo para garantizar la protección y el bienestar de los niños afectados. La situación actual plantea desafíos significativos que deben ser abordados de manera integral para evitar que se convierta en un problema aún más grave en el futuro.
