En la última jornada de LaLiga, que tuvo lugar entre el 17 y el 20 de octubre, los futbolistas decidieron realizar paradas de 15 segundos como forma de protesta. Esta acción fue promovida por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) en respuesta a la decisión de trasladar el encuentro entre Villarreal y Barcelona a Miami, una medida que ha generado un gran malestar entre los jugadores. La controversia ha llevado a LaLiga, presidida por Javier Tebas, a considerar estas paradas como una huelga ilegal y a presentar una denuncia ante la Audiencia Nacional.
LaLiga argumenta que los paros han afectado los derechos audiovisuales y han causado un perjuicio económico de 8,7 millones de euros. No obstante, la Audiencia Nacional ha dictaminado que las paradas no pueden ser calificadas como huelga, ya que los paros fueron considerados como un acto de protesta simbólica y una manifestación del derecho a la libertad de expresión, así como del derecho de libertad sindical.
En el juicio celebrado el 25 de marzo, la Fiscalía solicitó la desestimación de la demanda, una solicitud que ha sido apoyada por el tribunal. La Audiencia Nacional ha calificado los paros de «nula trascendencia» para el desarrollo de la jornada de liga, determinando que, al ser tan breves y no interferir en el normal desarrollo de los partidos, no pueden ser considerados como una huelga formal.
El tribunal ha señalado que «ante la imposibilidad de ser escuchados los capitanes de los clubes, AFE y los jugadores decidieron instrumentar su malestar a través del paro», el cual fue secundado en los partidos de esa jornada. Este paro, por su corta duración, no tuvo un impacto significativo sobre el resultado de los encuentros, que se desarrollaron con normalidad.
En un intento de minimizar el efecto de estas paradas, LaLiga llevó a cabo un acto titulado ‘Compromiso por la paz’ en el mismo momento de las protestas, relacionado con el conflicto en Palestina. Esto ha llevado a la organización a afirmar que la cancelación del partido en Estados Unidos, el primero de la competición oficial fuera del país, se debió a los paros.
La respuesta de LaLiga no se ha hecho esperar, destacando que el tribunal ha reconocido «el impacto reputacional y económico» de esta protesta, que afectó directamente al desarrollo de los derechos audiovisuales en un momento crucial. Aunque la liga ha expresado su respeto hacia el ejercicio de los derechos fundamentales, también ha subrayado la importancia de que estos se ejerzan de forma proporcional y sin alterar la integridad de las competiciones ni los compromisos adquiridos con operadores y aficionados.
Ante la disconformidad con la resolución, LaLiga ha anunciado su intención de interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El objetivo de este recurso es clarificar el alcance de los derechos de libertad de expresión y las acciones colectivas que pueden influir en el desarrollo de la competición, especialmente cuando se trata de efectos económicos y reputacionales que puedan surgir.
Este episodio ha puesto de manifiesto la tensión entre los intereses de los clubes y la voz de los jugadores, así como la necesidad de un diálogo más abierto sobre la gestión de la liga y la organización de sus eventos. A medida que avanza la temporada, será crucial observar cómo se desarrollan las interacciones entre los distintos actores del fútbol español y qué medidas se implementan para garantizar que todas las partes sean escuchadas.
