La senadora de Unión del Pueblo Navarro (UPN), María Caballero Martínez, ha presentado recientemente una importante solicitud en la Cámara Alta. Esta petición surge a raíz de un consenso alcanzado en el Parlamento navarro, donde se demanda la creación de un organismo bilateral Navarra-Estado para gestionar de manera conjunta el Aeropuerto de Pamplona-Noáin.
Caballero ha señalado la actual desventaja competitiva que enfrenta esta instalación aeroportuaria. A partir de los datos aportados, se indica que de los 321 millones de pasajeros que transitaron por aeropuertos en España durante 2025, el de Pamplona solo registró 233.400 viajeros, lo que representa un escaso 0,07 % del tráfico nacional. Mientras el sector aeronáutico se recupera en otras regiones del país, Pamplona ha sufrido una reducción del 3,76 % en el número de pasajeros.
Desde UPN, critican los altos costos aeroportuarios y las tarifas impuestas por AENA como factores que obstaculizan la llegada de nuevas aerolíneas. «Nuestro aeropuerto se está quedando atrás», enfatizó la senadora, quien también destacó que la administración del Gobierno de María Chivite no está priorizando esta infraestructura esencial.
La propuesta de una cogestión aeroportuaria tiene como objetivo que las instituciones navarras participen en las decisiones que impactan su conectividad, permitiendo así ajustar la oferta a las necesidades sociales y económicas de la región.
En respuesta a la interpelación realizada, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, expresó su disposición a «explorar fórmulas que mejoren la coordinación», aunque evitó comprometerse a la creación del organismo bilateral. Este enfoque contrasta con el acuerdo alcanzado en marzo con el Gobierno Vasco, donde se estableció una estructura de gestión compartida para sus aeropuertos.
La senadora ha calificado esta diferencia de trato como un agravio comparativo. «Lo que es bueno para el País Vasco parece que no es bueno para Navarra», manifestó Caballero. Así, Navarra se une a las voces de comunidades como Canarias y Cataluña, que también exigen un modelo de gestión de infraestructuras de transporte más descentralizado y equitativo.
