Las tres diputaciones forales del País Vasco, bajo el gobierno del PNV y el PSE, han acordado que el nuevo impuesto turístico entre en vigor el 1 de enero de 2027. Esta norma foral, elaborada por las haciendas de cada territorio, fue presentada recientemente y se prevé que pronto comience el debate en las Juntas Generales para obtener el apoyo necesario para su aprobación. De esta manera, los municipios podrán aplicarlo desde el próximo año. Sin embargo, el Ayuntamiento de San Sebastián ha manifestado su deseo de implementar este impuesto durante el verano, buscando acelerar los trámites para su puesta en marcha.
El Gobierno Vasco y la Diputación de Gipuzkoa consideran que la posibilidad de anticipar la aplicación del impuesto es poco probable. El consejero de Turismo, Javier Hurtado, explicó en una entrevista que “el texto no permite, en su redacción actual, adelantar la fecha como pide Donostia”. Por su parte, la diputada de Hacienda de Gipuzkoa, Itziar Agirre, ha reconocido que, aunque el alcalde Jon Insausti desea avanzar con rapidez, lo más adecuado es esperar hasta el 1 de enero para que el impuesto se implemente de manera normal.
Insausti ha expresado que no se rendirá en su intento de implementar el gravamen antes de lo previsto. Sin embargo, todo indica que, al igual que las otras localidades vascas que deseen instaurar el impuesto, San Sebastián tendrá que esperar hasta 2027. Agirre, en una conversación reciente, destacó que aunque el Ayuntamiento tiene la intención de avanzar más rápido, el proyecto de norma foral estipula que la fecha de entrada en vigor será el 1 de enero de 2027. La norma actualmente está en las Juntas Generales, donde se discutirá este asunto.
La diputada acudió a las Juntas Generales el 27 de marzo para exponer los pormenores de esta nueva normativa en una comisión de Hacienda. Agirre confía en poder asistir a las Juntas nuevamente antes de Semana Santa para iniciar el periodo de enmiendas y la tramitación correspondiente. Los partidos tendrán tiempo hasta el 24 de abril para presentar sus propuestas, y el texto final se debatirá durante los plenos programados para mayo o junio.
Es importante destacar que las Juntas Generales tienen la capacidad de modificar la fecha de entrada en vigor de esta norma, aunque parece que el consenso alcanzado entre las diputaciones y los partidos que las representan no permitirá anticipar la aplicación del impuesto a una fecha anterior al 1 de enero de 2027. Este nuevo gravamen tiene como objetivo regular el turismo en la región, una actividad que, a pesar de conllevar beneficios económicos, también genera desafíos para la infraestructura y los servicios locales.
La regulación de un impuesto turístico podría suponer una fuente importante de ingresos para los ayuntamientos, lo que les permitiría gestionar mejor los impactos del turismo. La implementación de este tipo de impuesto es un tema relevante en muchas ciudades europeas que buscan equilibrar el crecimiento turístico con la calidad de vida de sus residentes. En el contexto de Gipuzkoa, el debate sobre este impuesto refleja la necesidad de encontrar soluciones sostenibles que beneficien tanto a turistas como a ciudadanos locales.
A medida que se aproxima la fecha de debate en las Juntas Generales, el seguimiento de este proceso se convierte en un punto crucial para entender cómo se manejará el turismo en Gipuzkoa en los próximos años. La colaboración entre las autoridades locales y el Gobierno Vasco será fundamental para asegurar una transición efectiva a este nuevo régimen fiscal. La comunidad espera que estas decisiones se tomen de manera consensuada y en beneficio de todos los actores implicados.
