La empresa Forestalia, que preside el aragonés Fernando Samper Rivas, es reconocida en el ámbito de las energías renovables en España. Con una facturación anual superior a los cien millones de euros y una cartera de proyectos de 8 gigavatios, la compañía cuenta con un equipo de alrededor de 300 profesionales, muchos de ellos especializados en Medio Ambiente. Recientemente, Samper participó en una comisión de investigación del Senado donde se abordaron sus conexiones con el empresario guipuzcoano Antxon Alonso, quien le acompañó en gestiones ante el Gobierno de Navarra y otros representantes políticos del País Vasco.
El objetivo de estas reuniones era defender un proyecto de línea de alta tensión que, a pesar de haber fracasado, generó controversia. En la comparecencia, Samper no pudo explicar claramente qué aportaba Alonso, ya que su perfil como propietario de una pequeña empresa de servicios carecía de experiencia técnica en el sector eléctrico. Este hecho ha suscitado preguntas sobre su influencia en el proyecto, especialmente por parte de partidos como UPN, PP y Vox.
Samper enfrenta investigaciones por presuntos sobornos vinculados a la obtención de permisos medioambientales en Aragón. Un exalto cargo del Ministerio de Transición Ecológica, Eugenio Domínguez, ha declarado ante la Guardia Civil que Alonso le presentó a Samper a través de un intermediario. En paralelo, Alonso está siendo investigado en el caso Koldo-Ábalos-Cerdán y en el caso SEPI, donde se alega que una empresa relacionada con Samper recibió un préstamo de 17 millones de euros gracias a la intermediación de Alonso.
Durante la sesión del Senado, Samper reveló que, a pesar de sus gestiones en el País Vasco, nunca utilizó a Alonso como un subalterno. Aclaró que su relación con él se limitaba a discutir posibles colaboraciones, tales como la creación de parques eólicos. En este contexto, mencionó que había presentado a Acciona un análisis sobre terrenos para un centro de datos, lo que posteriormente llevó a la cesión de una parcela para un proyecto similar en Valle de Elorz.
En noviembre de 2023, Samper y Alonso fueron recibidos por el entonces vicepresidente del Gobierno de Navarra, Félix Taberna, y el consejero José María Aierdi, para discutir las autorizaciones administrativas necesarias para la línea de alta tensión. Sin embargo, el Gobierno de Navarra mostró su oposición al proyecto, presentando alegaciones que finalmente llevaron a la revocación de los permisos solicitados. Esta situación dejó el proyecto en una posición incierta.
El empresario aragonés destacó que el desarrollo de esta infraestructura era crucial para su empresa, ya que permitiría evacuar la producción eléctrica de numerosos parques eólicos en la provincia de Zaragoza. Samper también recordó que mantuvo reuniones con miembros del PNV, PSE y EH Bildu, mencionando que una de las reuniones tuvo lugar en Vitoria. Al ser cuestionado sobre la necesidad de contar con Alonso para acceder a altos funcionarios, Samper reiteró que su colaboración no era necesaria.
En el transcurso de su comparecencia, el empresario insistió en que no había tenido relaciones comerciales con el exministro José Bono y evitó comentar sobre conexiones con otros empresarios relacionados con Alonso. También desestimó cualquier vínculo con la sociedad Next Generation Caliope Innova, donde Alonso fue administrador y que luego fue traspasada a un presunto testaferro de Samper.
La situación revela la complejidad de las relaciones entre empresas y administraciones públicas en el ámbito de las energías renovables, así como las implicaciones legales que pueden surgir. La investigación continúa, y las autoridades están atentas a cualquier desarrollo que pueda arrojar luz sobre las irregularidades en la obtención de permisos y la influencia de ciertos empresarios en el sector.
