El Gobierno Vasco ha presentado un programa basado en tres ejes fundamentales: crisis, paz y autogobierno. Este enfoque es impulsado por el lehendakari Iñigo Urkullu, quien ha estado al frente del Ejecutivo desde hace un año. La situación económica ha sido una prioridad, especialmente tras los recortes implementados y la caída de empresas emblemáticas como Fagor, lo que ha elevado la cifra de desempleados a 175.000. Se prevé que el empleo no comience a recuperarse hasta dentro de un año, cuando se alcance el ecuador de la legislatura.
El pacto firmado con el PSE en septiembre de 2013 ha sido clave para estabilizar la capacidad de acción del Gobierno en cuestiones socioeconómicas. Sin embargo, en el ámbito del soberanismo, la mayoría del PNV no se ha traducido en un uso intensivo de los recursos legislativos. A pesar de ello, se han logrado acuerdos transversales para facilitar la aprobación de los presupuestos en varias instituciones.
En lo que respecta a la paz y convivencia, la ponencia establecida para avanzar en esta cuestión ha estado congelada desde septiembre, lo que ha generado críticas. El plan de paz, que ha tardado meses en elaborarse, no ha satisfecho plenamente las expectativas, y se espera que la secretaría de Paz y Convivencia, liderada por Jonan Fernández, continúe buscando consensos hasta el final de la legislatura.
El autogobierno, otro de los pilares del programa, ha avanzado más lentamente de lo inicialmente previsto. A un año de asumir el cargo, el PNV aún no ha registrado una ponencia parlamentaria destinada a discutir un nuevo estatus, a pesar de observar cómo otras comunidades, como Cataluña o Escocia, han progresado en este sentido. La posibilidad de que la izquierda abertzale ofrezca su apoyo parlamentario al Gobierno se mantiene, aunque Urkullu insiste en la importancia de alcanzar acuerdos con diferentes sensibilidades.
Durante este año, el lehendakari ha llevado a cabo un total de 302 actos públicos y ha recibido a 60 embajadores de diversos países. El Gobierno, caracterizado por su perfil bajo, ha canalizado su mensaje político a través de otros portavoces como el portavoz Josu Erkoreka y el presidente del PNV, Andoni Ortuzar. Este enfoque ha permitido establecer relaciones, incluso con figuras políticas previamente distantes, como el presidente de La Rioja, Pedro Sanz.
En el ámbito legislativo, el Gobierno ha enfrentado desafíos considerables, incluyendo la falta de avances significativos en materia penitenciaria y la implementación de cambios en la política educativa que han suscitado controversia. Las críticas hacia la LOMCE, por ejemplo, han llevado a la consejera de Educación, Cristina Uriarte, a proponer un currículum vasco como alternativa a la normativa estatal.
La consejería de Ana Oregi, encargada de Transportes y Medio Ambiente, ha centrado sus esfuerzos en la mejora del tren de alta velocidad, a pesar de los recortes en inversión del Gobierno central. Esta situación ha generado un descenso del 46% en los presupuestos destinados a la protección ambiental en comparación con años anteriores, según informan desde la oposición.
En el campo de la salud, el Gobierno ha comenzado a compensar el copago farmacéutico a unas 400.000 personas tras rechazar medidas del PSE. El consejero de Salud, Jon Darpón, ha continuado con la implementación de la receta electrónica y ha avanzado en proyectos destinados a la atención a pacientes crónicos. Sin embargo, las infraestructuras sanitarias previstas para este año se verán compensadas en 2014.
El futuro del Gobierno Vasco se presenta complejo, con la necesidad de abordar múltiples temas que afectan a la ciudadanía. La posibilidad de una mejora económica es un objetivo a largo plazo, mientras que el desarrollo de un plan industrial es crucial para paliar los efectos negativos de la crisis. La gestión actual se centra en lograr estabilidad y fomentar el crecimiento en un entorno marcado por la incertidumbre y la presión social.
