El Gobierno Vasco ha formalizado un acuerdo con el Ejecutivo central que permitirá a la administración autonómica gestionar diversas prestaciones y subsidios relacionados con el desempleo, así como otras competencias, como el Salvamento Marítimo y el Seguro Escolar. Este pacto, que se ha rubricado en una reunión reciente de la Comisión Mixta de la Administración Central y la vasca, entra en vigor el 1 de enero de 2027.
La consejera foral de Autogobierno, María Ubarretxena, ha destacado que este acuerdo representa un avance significativo en la gestión autonómica, convirtiendo a Euskadi en la primera comunidad que asume la gestión de las prestaciones y subsidios de desempleo sin romper la Caja Única. Ubarretxena ha subrayado que el sistema financiero del cupo ha facilitado este traspaso de competencias, lo que permitirá una administración más eficiente de los recursos.
El acuerdo implica que el País Vasco manejará aproximadamente 820 millones de euros en prestaciones, una cifra que incluye no solo los subsidios de desempleo, sino también los salarios y los costos de mantenimiento de unas 30 oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en la región. Estos gastos se descontarán del aporte que Euskadi hace al Estado a través del cupo, lo que modifica de manera directa la relación financiera entre ambas administraciones.
A pesar de la relevancia del acuerdo, se han dado pocos detalles sobre su implementación. Tanto el Gobierno central como el vasco han mantenido que aún quedan aspectos por definir, y que la información adicional se proporcionará en el futuro. El Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reafirmado que el pacto respeta en su totalidad el Estatuto de Gernika y la Constitución española, asegurando que se mantendrán las condiciones y cuantías de las prestaciones bajo la competencia estatal.
La consejera Ubarretxena ha puesto de relieve el impacto positivo de esta medida en el autogobierno vasco, argumentando que el acuerdo no solo incrementa la capacidad de gestión de Euskadi, sino que también es un paso hacia una mayor autonomía en la administración de recursos. Establecer la gestión de las prestaciones por desempleo en manos de la comunidad autónoma es un reflejo de la creciente capacidad de Euskadi para gestionar sus propias políticas sociales.
Es importante señalar que, aunque Euskadi asumirá la gestión de las prestaciones, los criterios para determinar las cuantías y condiciones de las mismas continuarán bajo la jurisdicción estatal. Esto garantiza cierta homogeneidad en el acceso a las prestaciones en todo el territorio español, a pesar del cambio en la gestión.
La firma de este acuerdo se produce en un contexto en el que las comunidades autónomas buscan cada vez más asumir responsabilidades que les permitan adaptarse mejor a las necesidades de sus ciudadanos. La transferencia de competencias en el ámbito de los subsidios y prestaciones por desempleo es solo un ejemplo de esta tendencia, que podría abrir la puerta a futuros acuerdos en otras áreas de administración.
Con la entrada en vigor de este acuerdo, será crucial observar cómo afectará a los ciudadanos vascos en términos de acceso y calidad de las prestaciones. Las expectativas son altas, y muchos ven esto como un paso positivo hacia una mayor autogestión y eficiencia en el uso de los recursos públicos en Euskadi.
