El Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco ha puesto en marcha una campaña de concienciación para advertir a la ciudadanía sobre el fenómeno del «intrusismo» en su profesión. Esta iniciativa surge ante la preocupante situación de que más de 600 centros en Euskadi están operando sin la debida autorización sanitaria, según los datos revelados por un estudio realizado el año pasado. El presidente de la institución, Iban Arrien, ha calificado esta cifra como «alarmante», ya que muchos de estos centros ofrecen tratamientos que solo pueden ser realizados por fisioterapeutas titulados.
Arrien ha expresado su preocupación ante la falta de acciones concretas por parte de la administración para abordar este problema, aunque ha señalado que durante una reunión reciente con representantes del departamento de Salud, se le prometieron «cambios relevantes a corto plazo». El presidente ha insistido en que es fundamental que se tomen medidas efectivas para proteger tanto a los profesionales como a la salud de los ciudadanos.
En el contexto de esta campaña, Arrien ha instado a los pacientes a que verifiquen la legalidad de los centros a los que acuden, asegurándose de que cuentan con la autorización sanitaria adecuada y que los profesionales son fisioterapeutas colegiados. «Lo que tienen que hacer cuando tienen una dolencia física, primero es investigar si el centro al que van a acudir es legal», ha recomendado. Además, ha aconsejado a los usuarios que soliciten una factura en caso de tener que presentar una denuncia posterior sobre el centro si este resulta no estar autorizado.
El Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco también ha destacado que los tratamientos de Osteopatía, Quiropraxia y Quiromasajes son exclusivas de los profesionales cualificados en fisioterapia. Este marco legal se sustenta en una sentencia del Tribunal Supremo que reafirma la necesidad de que estos servicios sean proporcionados solo por personal debidamente acreditado. La existencia de estos centros «intrusos» además de vulnerar la legalidad, representa un peligro para la salud pública, ya que muchos ciudadanos pueden optar por tratamientos inadecuados.
La campaña informativa del Colegio se dirige a sensibilizar a la población sobre los riesgos de acudir a centros no autorizados. La organización sostiene que hay una gran cantidad de centros que operan al margen de la ley, lo que pone en jaque la confianza en el sistema sanitario y la seguridad de los pacientes. A través de esta iniciativa, se busca no solo dar visibilidad a la problemática, sino también empoderar a los pacientes en la toma de decisiones sobre su salud.
La situación subraya la necesidad de un mayor control y regulación por parte de las autoridades sanitarias, ya que, según Arrien, «lo que queda oculto es mucho mayor de lo que se puede visualizar de modo oficial». Con más de 3.700 fisioterapeutas colegiados en Euskadi, la profesión exige un marco de actuación que garantice la calidad y seguridad de los servicios prestados a la comunidad.
La campaña del Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco es un paso importante hacia la erradicación del intrusismo en la profesión y refleja la urgencia de un enfoque más riguroso por parte del Gobierno Vasco. Arrien ha enfatizado que la colaboración con la administración es clave para lograr resultados eficaces en la protección tanto de los profesionales como de los pacientes. Es fundamental, según él, que se tomen decisiones que no solo beneficien a los fisioterapeutas, sino que también garanticen la salud y bienestar de la población en su conjunto.
