El gobierno de Donald Trump ha establecido una nueva iniciativa que involucra diversas agencias, liderada por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), con el objetivo de perseguir a individuos considerados «marxistas», «izquierdistas» y «anarquistas». Esta campaña ha sido objeto de reportes en varios medios, incluyendo La Jornada de México, donde se detallan sus implicaciones y objetivos.
Entre las acciones destacadas, se menciona un primer caso legal contra activistas que se oponen a las políticas antimigrantes, a quienes el gobierno ha calificado de «terroristas» vinculados a Antifa en Texas. Este enfoque se basa en un memorando presidencial de Seguridad Nacional que establece un marco operativo para actuar contra aquellos considerados como amenazas al estado. Además, se planea organizar una cumbre internacional para tratar la lucha contra lo que el gobierno describe como el movimiento antifascista.
Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, confirmó la formación de un grupo de trabajo dedicado a evaluar la amenaza que representa Antifa, subrayando que esta cuestión es de gran relevancia para la agenda política del presidente. Pese a que expertos han advertido que no existe una organización formal bajo el nombre de Antifa, en septiembre de 2025 se emitió una orden ejecutiva que la designa como organización terrorista doméstica, y dicha clasificación continúa vigente.
Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, afirmó que «los anarquistas, marxistas y extremistas violentos de Antifa han llevado a cabo una campaña de terror en Estados Unidos», haciendo referencia a actos violentos que se han registrado a lo largo de los años. La Casa Blanca está planificando una conferencia con gobiernos aliados para compartir información y esfuerzos para combatir estos grupos, lo que refleja el enfoque proactivo del gobierno frente a lo que consideran una amenaza creciente.
Un caso significativo surgió en Fort Worth, Texas, donde nueve manifestantes fueron hallados culpables de varios delitos, entre ellos, apoyo material al terrorismo. Los acusados habían participado en una protesta frente a un centro de detención de inmigrantes, donde se usaron silbatos y fuegos artificiales como formas de expresión. La situación escaló cuando un agente de policía sacó su arma, provocando que uno de los manifestantes respondiera con disparos, resultando en una herida a un oficial.
La FBI llevó a cabo arrestos, incluyendo a individuos que no estaban presentes durante la protesta, lo que ha suscitado críticas sobre las tácticas del gobierno. La procuradora general de Estados Unidos, Pam Bondi, ha señalado que este caso es un paso inicial en una amplia campaña para desmantelar a Antifa. Sin embargo, durante el juicio, testimonios de algunos manifestantes revelaron que no existe un grupo cohesionado bajo ese nombre, lo que contradice la narrativa oficial.
A pesar de la falta de evidencia concreta sobre la existencia de Antifa como una organización estructurada, el gobierno utiliza este caso para justificar su campaña nacional. Existen, no obstante, agrupaciones que se autodenominan antifascistas, pero carecen de una red organizada, lo que complica aún más la caracterización del fenómeno. En contraste, el gobierno ha identificado y calificado estructuralmente a grupos de extrema derecha como los Proud Boys y Oath Keepers, que han sido considerados como una amenaza seria de terrorismo doméstico.
La «amenaza» contra las tradiciones estadounidenses ha sido abordada en el memorando presidencial, donde se alega que la ideología antifascista propicia conductas violentas contra las instituciones democráticas y los derechos fundamentales. Las críticas han advertido sobre la intención del gobierno de clasificar a sus opositores como «enemigos del estado», utilizando tecnología avanzada para monitorizar y registrar la identidad de los manifestantes.
La FBI y otras entidades han comenzado una nueva fase de investigación sobre organizaciones civiles que podrían tener vínculos con lo que se describe como terrorismo doméstico. En un memorando reciente, la procuradora general Bondi instruyó la creación de un «centro de comando» para verificar la legitimidad de las organizaciones sin fines de lucro que se oponen a las políticas del gobierno.
Silenciando las críticas a los abusos presidenciales, la Unión Estadunidense para las Libertades Civiles ha calificado la NSPM 7 como un intento deliberado de infundir miedo y silenciar la disidencia. La organización ha expresado que estas acciones violan los derechos constitucionales de libertad de expresión y debido proceso, lo que plantea serias preocupaciones sobre el estado de la democracia en Estados Unidos.
La escalada de la retórica y las acciones del gobierno en esta dirección subraya la tensión palpable entre derechos civiles y seguridad nacional, un conflicto que seguirá siendo objeto de debate y análisis en la esfera pública.
