El Gobierno Vasco ha decidido poner fin a un mecanismo que desde 2018 ha permitido a miles de venezolanos regularizar su situación en España de forma casi automática. Esta medida, que entrará en vigor en junio, implica que se dejarán de otorgar permisos de residencia por razones humanitarias a este colectivo, regresando así a un proceso más convencional que deben seguir todos los inmigrantes. Esta decisión llega tras un extenso debate interno sobre la situación de los venezolanos, quienes han llegado a saturar el sistema de asilo español.
Las fuentes gubernamentales argumentan que aunque el cambio de procedimiento puede parecer drástico, no implica un cambio sustancial en la política de acogida. «Las razones humanitarias para venezolanos o cualquier otra nacionalidad serán gestionadas por un nuevo canal», señalan estas fuentes. Sin embargo, para muchos venezolanos que planeaban emigrar a España, esto representa un endurecimiento en los trámites, ya que las autorizaciones por motivos humanitarios son limitadas y se asocian a circunstancias muy específicas.
Desde la apertura de esta vía en 2018, España ha otorgado aproximadamente 240.000 autorizaciones a ciudadanos venezolanos, que en algunos años han representado más del 95% de todos los permisos concedidos por razones humanitarias. Este flujo ha variado, alcanzando hasta 50.000 concesiones anuales en 2025. El proceso era simple: los venezolanos solicitaban asilo y, en lugar de recibir el estatus de refugiado, obtenían un permiso de residencia humanitaria que les permitía vivir y trabajar legalmente en el país.
Inicialmente, esta disposición fue concebida como una medida excepcional debido a la grave situación en Venezuela, pero con el tiempo se transformó en una vía estructural que acabó colapsando. La acumulación de solicitudes y la falta de recursos han tensionado el sistema, que ahora enfrenta un cuello de botella. La mayoría de las solicitudes de asilo presentadas en España, en algunos años constituyendo más del 60%, eran de ciudadanos venezolanos, convirtiendo este caso en uno de los principales problemas del sistema de protección internacional.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha tomado esta decisión en un contexto marcado por varios factores, entre ellos la reciente captura de Nicolás Maduro y la evolución de la situación política en Venezuela. A pesar de que se ha iniciado un proceso de transición, la inestabilidad del país sigue siendo una realidad. Además, el endurecimiento de las políticas de asilo en Europa, que comenzará a aplicarse en junio de 2026, ha influido en esta medida.
Desde el Ministerio del Interior, se cree que muchas de las solicitudes no provenían de situaciones de persecución real, sino que eran una forma de regularización. Ante esta premisa, se han llevado a cabo cambios en la normativa de extranjería, endureciendo las condiciones para aquellos que buscan regularizar su situación tras solicitar asilo. Ahora, con el cierre de esta vía para los venezolanos, el tratamiento será el mismo que para cualquier otro extranjero.
El impacto de la política de acogida de España ha sido significativo, convirtiéndola en un destino primordial para la diáspora venezolana. Según datos del INE, la comunidad venezolana en España ha crecido considerablemente, pasando de poco más de 255.000 personas en 2018 a cerca de 700.000 en la actualidad. De estas, más de 250.000 han adquirido la nacionalidad española, evidenciando un fenómeno migratorio en auge.
A pesar de la ayuda humanitaria ofrecida a los venezolanos, el Gobierno español ha mantenido una postura más cautelosa en su política exterior hacia el régimen de Maduro. Esta situación ha sido criticada por líderes opositores como la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien ha denunciado la falta de compromiso de España en la crisis venezolana. Sin embargo, España sigue siendo uno de los principales refugios para el exilio político venezolano.
El cierre de esta vía representa un cambio significativo para la mayoría de los venezolanos que esperaban continuar regularizando su situación en el país. A partir de junio, cualquier venezolano que busque refugio en España enfrentará un proceso más complicado, donde las opciones de conseguir un permiso serán limitadas, marcando un nuevo capítulo en la política de inmigración del país.
