La controversia entre las instituciones vascas continúa en torno a la regulación del servicio de Uber, que ha comenzado a operar en Gipuzkoa. La diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio de Gipuzkoa, Azahara Domínguez, ha afirmado que las policías locales sí tienen la capacidad de controlar y sancionar a estos vehículos si realizan trayectos que no les están permitidos, en contra de lo que sostiene el Ayuntamiento de San Sebastián.
Domínguez hizo estas declaraciones durante una sesión de las Juntas Generales, donde se discutió la situación creada a raíz del inicio de la actividad de Uber el pasado 18 de febrero. La diputada destacó que, aunque la mayor parte de los servicios se realizan en Donostia, también se ha detectado que Uber ha operado en otros diez municipios, incluidos Hernani, Errenteria y Irun, aunque estos trayectos interurbanos representan menos del 2% de su actividad total en Gipuzkoa.
En este contexto, la diputada propuso ofrecer formación a las policías locales para que puedan actuar con plena seguridad jurídica al detectar irregularidades. Domínguez hizo hincapié en que la normativa permite a los agentes locales sancionar las actividades que contravengan las regulaciones establecidas.
Por su parte, el director general de Movilidad y Transporte Público, Fernando Prieto, y el jefe de servicio de Movilidad y Transporte Público de la Diputación, Jakot Carrera, acompañaron a la diputada en la comparecencia. Carrera argumentó que, aunque las licencias de Uber fueron concedidas por la Diputación de Bizkaia, esto no exime a los vehículos de cumplir con las normativas de Gipuzkoa. «La Guardia Municipal puede realizar controles y sancionar operativas irregulares si las detecta ‘in situ'», dijo Carrera.
Esta discusión se produce después de que el Ayuntamiento de San Sebastián y la Diputación de Bizkaia intercambiaran acusaciones sobre la responsabilidad en la regulación de Uber. La diputada Domínguez insistió en que la Diputación ha ofrecido asesoramiento a los ayuntamientos donde se han detectado estos servicios urbanos no permitidos, con el objetivo de facilitar su actuación ante posibles irregularidades.
Los representantes del sector del taxi también expresaron su apoyo a la postura de la Diputación, señalando que en otras ciudades como Bilbao o Pamplona se están sancionando trayectos urbanos de vehículos de transporte con conductor (VTC). «No entendemos por qué en Donostia no se aplican las mismas medidas», manifestaron.
La situación ha generado críticas desde diferentes sectores. El juntero de EH Bildu, Oskar Bordes, reprochó a la Diputación que la llegada de Uber no debería haberles sorprendido y que debían haber tomado medidas con anterioridad. Bordes recordó un estudio que concluyó en 2024, advirtiendo que los VTC podrían operar en Gipuzkoa con licencias de Bizkaia o Álava. El portavoz del PP, Mikel Lezama, subrayó la preocupación por la seguridad jurídica de la normativa vigente.
En medio de esta disputa, el debate sobre la regulación de Uber en Gipuzkoa sigue abierto y plantea interrogantes sobre las competencias de las distintas administraciones. Azahara Domínguez reiteró el compromiso de la Diputación para trabajar junto a los ayuntamientos y ofrecer apoyo necesario para controlar la actividad de estos servicios, que sigue generando controversia entre los distintos actores del sector.
La situación actual pone de manifiesto la necesidad de un marco normativo claro que regule el funcionamiento de servicios como Uber en Gipuzkoa, garantizando así la equidad entre los distintos actores del transporte y la seguridad de los usuarios.
