El reciente acuerdo entre el Gobierno Vasco y el Ejecutivo central ha introducido cambios significativos en la gestión aeroportuaria en España. Este desarrollo, que afecta a la administración de los aeropuertos, ha desatado inquietudes en Aena, la entidad responsable de la gestión de 46 aeropuertos en el país, incluyendo los de Bilbao, Vitoria-Gasteiz y San Sebastián. El acuerdo fue alcanzado durante una reunión en Moncloa el pasado viernes entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari Imanol Pradales.
El pacto contempla la creación de un «órgano paritario bilateral de cooperación reforzada», diseñado para optimizar la interlocución del Gobierno Vasco con el Gobierno de España. Según la nota de prensa emitida por el Ejecutivo, este nuevo órgano no solo aumentará la capacidad de propuesta del Gobierno Vasco, sino que también se alineará con la Constitución Española, el Estatuto de Gernika y la legislación vigente.
En su comunicado, Aena expresó su preocupación por las implicaciones que podría tener este acuerdo en los mercados financieros y entre sus accionistas. La empresa, controlada en un 51% por la entidad pública Enaire, subrayó que la Constitución otorga al Estado la competencia exclusiva sobre los aeropuertos de interés general. Por lo tanto, Aena advirtió que «continuará vigilando las actuaciones y novedades» en materia de gestión aeroportuaria.
Este acuerdo implica una mayor participación de Euskadi en la gestión de los aeropuertos vascos, algo que, según Pradales, marcaría un hito histórico. «Por primera vez, Euskadi podría participar en la gestión de los tres aeropuertos vascos», comentó el lehendakari tras la reunión. Este avance plantea la posibilidad de que, en un futuro cercano, se establezcan acuerdos similares con otras comunidades autónomas, como Cataluña.
El Ministerio de Transportes también se pronunció sobre el acuerdo, afirmando que la creación del nuevo órgano no alterará el régimen legal de funcionamiento de Aena, a pesar de que esta compañía no formará parte de dicho órgano. Este contexto resalta la tensión existente entre las autonomías y el Gobierno central en temas de gestión de infraestructuras.
Las repercusiones de este acuerdo podrían extenderse más allá de Euskadi. Se prevé que la Generalitat de Cataluña busque establecer un modelo de gestión similar en el aeropuerto de El Prat, en Barcelona. Este interés se enmarca en un acuerdo entre el PSC y ERC, que busca garantizar la participación de la Generalitat en aspectos clave de las infraestructuras aeroportuarias.
La situación de Aena se complica aún más en un contexto donde la compañía ya enfrenta desafíos de gobernanza. Recientemente, la empresa ha estado inmersa en una crisis por la polémica fusión proyectada entre Indra y EM&E, lo cual ha suscitado dudas sobre su capacidad de adaptarse a cambios estructurales como los que se están produciendo.
El acuerdo alcanzado el viernes en Moncloa se suma a otros avances discutidos en julio del año pasado, donde ambas administraciones acordaron formar una subcomisión bilateral que estudiará la participación del Gobierno Vasco en la gestión de los aeropuertos de interés general. Esta subcomisión se centrará en la articulación de fórmulas de participación del Gobierno Vasco, lo que podría redefinir el panorama de la gestión aeroportuaria en España.
En resumen, la reciente decisión del Gobierno central, aunque pueda ser vista como un paso hacia la descentralización, ha generado una serie de inquietudes entre los operadores del sector y los accionistas de Aena. De momento, tanto el Gobierno Vasco como Aena deberán navegar en un entorno de cambios que podría tener un impacto duradero en la gestión de infraestructuras en todo el país.
