En una reciente sesión del pleno municipal de Donostia, se ha alcanzado un amplio consenso entre todos los grupos políticos sobre la situación de las 510 viviendas de protección oficial (VPO) en Benta Berri. Este acuerdo, que incluye la aprobación de tres mociones con enmiendas, tiene como objetivo instar al Gobierno Vasco a encontrar una solución definitiva ante el complicado escenario jurídico que enfrentan estos inmuebles, que pertenecen a un promotor privado. La preocupación radica en que, en dos años, estas viviendas podrían perder su calificación pública, lo que plantea el riesgo de que los actuales inquilinos se enfrenten a desahucios.
Durante el debate, que se desarrolló con un salón de plenos casi lleno, numerosos inquilinos de Benta Berri se presentaron en el Ayuntamiento, algunos de ellos mostrando carteles en contra del fondo Blackstone, que detenta el derecho de superficie de las viviendas. La propuesta aprobada exige al Gobierno Vasco que «habilite todas las vías posibles para buscar una solución al problema que afecta a las familias de las VPO» y que establezca un marco que garantice la continuidad de los inquilinos en condiciones de alquiler asequible antes de que finalice el periodo de prórroga vigente.
El texto solicita también al Departamento de Vivienda que «estudie la posibilidad legal de ejercer el derecho de adquisición preferente sobre estas 510 VPO», con el fin de que se mantengan como viviendas de protección pública y se apliquen precios vinculados a su condición de tal. Además, se insta a Lakua a que informe puntualmente sobre las acciones emprendidas a la asociación vecinal Alokairu y a las personas interesadas. Se ha acordado, asimismo, establecer un proceso de comunicación con la propiedad de las viviendas para explorar soluciones temporales que faciliten una gestión ordenada de la situación.
Durante el debate, la portavoz socialista, Ane Oyarbide, destacó que «la ciudad no puede permitirse el lujo de mirar hacia otro lado» y subrayó la importancia de evitar la especulación con estos inmuebles. Por su parte, el concejal de EH Bildu, Ricardo Burutaran, hizo hincapié en que el Gobierno Vasco debe evaluar la posibilidad de recuperar el derecho de superficie para garantizar una gestión pública de las viviendas, afirmando que «no se puede permitir perder 510 VPO» construidas en suelo público.
El portavoz del PP, Borja Corominas, recordó que estas viviendas nunca han estado bajo la gestión de una administración pública, lo que ha llevado a una gestión «poco humana» por parte del actual operador. Abogó por tener «un control de las expectativas» con respecto a las posibles soluciones y sugirió que se busquen alternativas transitorias para evitar desahucios.
En este contexto, la concejala de Elkarrekin, Arantza González, defendió la necesidad de recuperar el control público de estas viviendas para asegurar su fin social y prevenir futuros desahucios. Por su parte, Nekane Arzallus, concejala de Urbanismo del PNV, se comprometió a trabajar para que las familias que residen en Benta Berri puedan continuar en sus hogares. «Esto va del interés general y de qué ciudad queremos», manifestó, enfatizando que los vecinos únicamente piden «estabilidad y un alquiler justo».
El alcalde, Jon Insausti, agradeció el esfuerzo de los grupos por alcanzar un acuerdo y aseguró que el Ayuntamiento colabora estrechamente con el Gobierno Vasco para buscar una solución beneficiosa para los inquilinos. «Vamos a estar a vuestro lado y no os dejaremos solos. Esta es una ciudad para vivir y no para especular», prometió a los vecinos presentes, reafirmando el compromiso del consistorio con la resolución de esta problemática.
Este acuerdo representa un paso significativo en la búsqueda de soluciones para la problemática de las VPO en Benta Berri, donde el futuro de 510 familias está en juego. A medida que se desarrollen las gestiones y se busquen alternativas viables, será crucial seguir de cerca los avances y mantener informada a la comunidad sobre los progresos realizados en esta importante cuestión social.
