El Ayuntamiento de Donostia ha manifestado su compromiso unánime de apoyar a las 510 familias de Benta Berri que enfrentan el riesgo de perder sus viviendas en 2028. Este posicionamiento se traduce en un esfuerzo conjunto por encontrar soluciones a la situación crítica que afecta a estos inquilinos.
Durante la última sesión plenaria, una amplia representación de los vecinos afectados por la gestión del fondo Blackstone se presentó para plantear tres mociones orientadas a buscar alternativas viables. El Gobierno Vasco fue instado a habilitar mecanismos que permitan abordar el problema que aqueja a las familias de viviendas de protección oficial (VPO) en Benta Berri, según lo demandado por el PSE.
Además, la corporación respaldó una enmienda presentada por el PNV, que solicita al Gobierno Vasco que establezca, antes del final del actual periodo de prórroga, un marco que asegure la permanencia de los inquilinos bajo condiciones de alquiler accesibles, evitando así aumentos de rentas que pudieran forzar la expulsión de los residentes.
Las propuestas de EH Bildu también fueron parte del debate; se instó al Ejecutivo regional a evaluar las opciones legales para ejercer el derecho de adquisición preferente sobre las viviendas de Benta Berri, con el fin de que estas se conviertan en VPO de manera permanente, tal como estipula la normativa vigente. A estas inquietudes se suma la solicitud de que el Gobierno Vasco informe a las familias sobre las acciones que se vayan a tomar.
En el mismo pleno, se aprobó una moción del PP que, aunque no contó con el apoyo de EH Bildu y Elkarrekin Donostia, pide al Ayuntamiento que actúe como negociador con la propiedad de las viviendas para evaluar la situación generada por la finalización de los contratos y considerar la realidad socioeconómica de las familias que residen en Benta Berri.
El alcalde de Donostia, Jon Insausti, enfatizó la importancia de abordar la situación de Benta Berri, afirmando que «es cuando la política tiene que estar a la altura». En su intervención, subrayó que se trata de «vida, de hogares y de familias», destacando el compromiso del Ayuntamiento de no dejar solos a los afectados y trabajar para activar medidas que aseguren una estabilidad jurídica más allá de 2028.
La edil de Urbanismo, Nekane Arzallus, compartió su preocupación por el posible desarraigo de las familias, manifestando que «no se puede medir en términos de rentabilidad» y enfatizando que se trata de defender el interés general. En esta línea, ha resaltado la necesidad de evitar que se repitan errores del pasado y ha instado a las administraciones a proporcionar apoyo y seguridad a los ciudadanos.
Por su parte, la portavoz del PSE, Ane Oyarbide, ha insistido en la urgencia de trabajar de manera coordinada con el Gobierno Vasco para «buscar soluciones y evitar el desahucio» de los residentes de la VPO. Resaltó la importancia de explorar «las herramientas legales» que permitan garantizar la continuidad de los inquilinos en condiciones de alquiler asequibles.
En su intervención, Oyarbide también se comprometió a «estar al lado de los vecinos», subrayando el objetivo de ofrecer garantías jurídicas que impidan que nadie se quede sin vivienda y que las propiedades de Benta Berri mantengan su carácter de protección pública.
El concejal de EH Bildu, Ricardo Burutaran, ha abogado por que el Gobierno Vasco «se haga con las viviendas de Benta Berri», apelando a su derecho de tanteo y retracto. Además, criticó que se permita la gestión de la VPO por un fondo buitre, abogando por soluciones definitivas en lugar de transitorias.
Asimismo, se destacó que el suelo donde se encuentran las viviendas de Benta Berri es de propiedad pública. Esto implica que las autoridades tienen un mayor margen de actuación en este caso, según Burutaran. Por otro lado, Borja Corominas, del PP, ha criticado la gestión de administraciones anteriores y ha señalado la importancia de no «vender humo» en relación con la adquisición de las viviendas por parte del Gobierno Vasco.
La concejala de Elkarrekin Donostia, Arantza González, ha celebrado que la normativa actual impida la especulación con la VPO, aunque lamentó que los vecinos de Benta Berri estén enfrentando una situación angustiosa. Todos los grupos municipales coincidieron en que es necesario actuar para no esperar a 2028 y revertir esta problemática, pidiendo una mayor implicación del Ayuntamiento y del Gobierno Vasco en la búsqueda de soluciones.
