Este jueves, el Gobierno Vasco y el Ejecutivo central, compuesto por el PNV y el PSE, han alcanzado un acuerdo sobre cinco transferencias pendientes. Esta acción tiene como objetivo mejorar la relación entre La Moncloa y los nacionalistas vascos, consolidando la mayoría necesaria para la investidura, tras el reciente pacto sobre la financiación autonómica con ERC. La situación política en el PSOE se ha visto marcada por crisis y escándalos en los últimos meses, lo que motivó a Pedro Sánchez a implicarse directamente en las negociaciones con sus socios para fortalecer los lazos.
Después de varios desacuerdos con el PNV y la cancelación de una reunión de la comisión bilateral en diciembre, se ha convocado nuevamente a este órgano para finalizar el traspaso de las competencias acordadas el pasado julio entre Sánchez y el lehendakari Imanol Pradales. Estos traspasos habían quedado en suspenso debido a diferencias con varios ministerios. Las competencias transferidas incluyen la gestión del subsidio de desempleo, las prestaciones no contributivas, el seguro escolar, el salvamento marítimo y la supervisión de maquinaria en Barakaldo, Bizkaia.
Este acuerdo representa un avance significativo en el proceso de culminación de lo pactado con el lehendakari, aunque aún quedan alrededor de diez competencias por negociar en los próximos meses. Entre estas, se encuentran asuntos relevantes como la gestión de puertos y aeropuertos, así como otras cuestiones vinculadas a la Seguridad Social. Las negociaciones se intensificaron en las últimas semanas y, tras un impasse, se concretaron este jueves, según han informado fuentes de ambos gobiernos.
El pacto, adelantado por medios como El Confidencial, es un paso estratégico para el Gobierno, que busca fortalecer sus relaciones con socios clave y mejorar su imagen política tras un año 2025 marcado por la inestabilidad. El Ejecutivo ha estado trabajando en silencio para iniciar el año con un panorama más favorable, aunque persiste la incertidumbre en torno a Junts, que ha suspendido sus reuniones con el PSOE y ha mostrado resistencia a la reapertura de negociaciones.
En cuanto a la transferencia de competencias relacionadas con la Ley General de Seguridad Social, este proceso ha generado históricamente controversia debido a la delicada línea que separa estos traspasos de una posible ruptura de la caja única de la Seguridad Social. A pesar de que el Gobierno central ha subrayado que no se producirá una fragmentación de este sistema, las transferencias implican la gestión administrativa de diversas prestaciones sociales, manteniendo en el ámbito estatal tanto la recaudación como los fondos para el pago de las mismas.
El acuerdo también incluye el traspaso del «régimen económico» de la Seguridad Social, un aspecto más delicado que está siendo negociado entre ambos gobiernos. Esto ha suscitado opiniones diversas entre expertos en seguridad social, quienes advierten que la transferencia efectiva de la capacidad administrativa para reconocer prestaciones podría afectar la integridad de la caja única, ya que se trata de una potestad que actualmente recae en el SEPE, parte del sistema de protección social.
El viernes se espera una nueva reunión entre el Gobierno Vasco y el Ejecutivo central para formalizar estos traspasos, lo cual podría marcar un nuevo capítulo en las relaciones entre ambas administraciones. Este avance es crucial no solo para el desarrollo administrativo del País Vasco, sino también para la estabilidad política del Gobierno central en un contexto donde la búsqueda de apoyos es esencial para la gobernabilidad.
