Soledad Iparraguirre, conocida como ‘Anboto’, ha abandonado este martes la cárcel de Martutene en San Sebastián, tras la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Esta normativa le permite salir de prisión de lunes a viernes, con la obligación de regresar por las noches. Su salida se produjo pasadas las diez de la mañana, y un grupo de personas se congregó en las cercanías de la prisión para intentar evitar que fuera fotografiada por los medios de comunicación.
La exjefa de ETA, que llevaba unas gafas de sol oscuras y una cazadora verde, fue recibida por varias personas en el exterior. Tras intercambiar abrazos, Iparraguirre se subió a un coche y dejó el lugar. Esta medida de semilibertad fue concedida por el Gobierno Vasco, el cual exige que los internos presenten un “plan de ejecución” que demuestre que realizarán trabajos o actividades de voluntariado con horarios específicos.
La concesión de este régimen ha suscitado reacciones de condena, especialmente del Colectivo de Víctimas del Terrorismo, conocido como Covite, que ha calificado de “escandaloso e injustificable” que se le permita salir a una persona con un “historial criminal de extrema gravedad”. Iparraguirre fue condenada a un total de 793 años y 8 meses de prisión y está vinculada a 14 asesinatos. Esta situación también recuerda el caso de Garikoitz Aspiazu, alias Txeroki, quien recibió un régimen similar en febrero, lo que generó críticas similares de organizaciones de víctimas.
Iparraguirre, que cumplirá 66 años, nació en Eskoriatza, en Gipuzkoa. Fue detenida en octubre de 2004 en Francia, junto con Mikel Albisu, conocido como ‘Antza’. En el momento de su arresto, se le atribuía la responsabilidad del aparato de extorsión de ETA. En 2018, fue una de las voces que anunciaron la disolución de la banda terrorista, junto a otros líderes históricos del grupo.
El polémico uso del artículo 100.2 y la semilibertad para exmiembros de ETA ha reavivado el debate sobre la reinserción de los presos y la memoria de las víctimas del terrorismo. Estas decisiones no solo afectan a las familias de las víctimas, sino también a la percepción social sobre la justicia y la reconciliación en el contexto del final de la actividad armada de ETA. La salida de Iparraguirre y otros exmiembros de la banda plantea interrogantes sobre cómo se gestionan estos procesos en Euskadi y cómo se perciben desde diferentes sectores de la sociedad.
La situación actual pone de manifiesto la complejidad de la historia reciente de España y, en particular, del País Vasco, donde las heridas del pasado aún no han sanado completamente. La concesión de este tipo de permisos podría tener repercusiones en la convivencia y en la forma en que se aborda el legado del terrorismo. Mientras tanto, el Gobierno Vasco continúa evaluando casos individuales bajo sus criterios, lo que genera un tenso diálogo entre las autoridades y los colectivos de víctimas.
