El Gobierno Vasco ha decidido informar a las víctimas de terrorismo sobre las concesiones de semilibertad a los reclusos de ETA, una medida que surge tras el revuelo ocasionado por la salida de prisión de Soledad Iparraguirre, conocida como «Anboto». Esta nueva política busca que las víctimas estén al tanto de los beneficios penitenciarios que reciben estos presos, que hasta ahora se limitaban a la notificación de la libertad condicional o del tercer grado. Esta decisión fue comunicada a la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) por parte del Ejecutivo que dirige Imanol Pradales.
Las organizaciones que representan a las víctimas han señalado históricamente su falta de participación en las decisiones relacionadas con la legislación penitenciaria, a pesar de ser parte activa en los procesos judiciales contra los miembros de ETA. La notificación de las salidas de prisión de los terroristas era un aspecto que quedaba en la sombra, obligando a las víctimas a enterarse a través de los medios de comunicación. Aunque se había realizado un cambio, este solamente abarcaba la información sobre la libertad condicional y la progresión al tercer grado, que permite a los presos salir de la cárcel de manera regular como parte de un proceso de reinserción.
El reciente anuncio de que las víctimas serán notificadas también sobre el régimen de semilibertad que establece el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario llega después de la polémica excarcelación en febrero de Garikoitz Aspiazu, apodado «Txeroki». Esta decisión generó una fuerte reacción entre las víctimas debido a su largo historial de atentados, que le acarreó numerosas condenas. La situación ha puesto en el centro del debate el tratamiento que reciben los presos de ETA y las implicaciones que tiene para las víctimas de su violencia.
Fiscalía y condiciones para la semilibertad
Respecto a «Txeroki», la Fiscalía de la Audiencia Nacional otorgó su apoyo a la decisión de su excarcelación. Ahora, el mismo procedimiento se seguirá con Iparraguirre, aunque la decisión final recaerá en un juez del Tribunal de Vigilancia Penitenciaria. La normativa española estipula que el recluso que acceda a la semilibertad debe demostrar signos de arrepentimiento, desvincularse de la organización terrorista y reparar, ya sea material o simbólicamente, a las víctimas. Sin embargo, tanto «Txeroki» como «Anboto» no han cumplido con estas condiciones.
El Partido Popular vasco ha alzado la voz al respecto, solicitando que la Mesa del Parlamento vasco pida al Ejecutivo de Vitoria el expediente completo que justifica la aplicación del régimen 100.2 a Iparraguirre. La portavoz del PP en la Cámara ha destacado que este régimen presenta características que se asemejan al tercer grado penitenciario, lo que genera preocupaciones sobre los criterios aplicados en su concesión.
El partido resalta que la implementación de un régimen que permite salidas diarias de los centros penitenciarios requiere la intervención de múltiples autoridades administrativas y judiciales. Entre estas se encuentran la Junta de Tratamiento, el Equipo Técnico del centro penitenciario, así como el órgano competente del Departamento de Justicia y Derechos Humanos. Esta complejidad administrativa subraya la necesidad de contar con un expediente completo que permita una adecuada supervisión y fiscalización del proceso.
Por lo tanto, el PP demanda conocer los detalles del expediente para poder evaluar de manera objetiva la validez de la decisión, asegurando que se han cumplido todos los requisitos legales y que se ha seguido el procedimiento correcto en la concesión de beneficios penitenciarios a los reclusos de ETA.
