Este martes al mediodía, un grupo de más de 100 vecinos de las VPO de Benta Berri, en Donostia, se congregó frente al Parlamento Vasco, en Gasteiz, en una manifestación organizada por los colectivos Alokairu y Stop Desahucios. La concentración sirvió para dar a conocer la “historia de un despropósito” que comenzó hace tres décadas con una promoción de viviendas públicas, en colaboración con empresas privadas, y que todavía mantiene a los inquilinos en una situación incierta.
En una comparecencia ante la Comisión de Planificación Territorial y Vivienda, los afectados describieron la “grave situación” que están viviendo. Señalaron que su propietario es un fondo de inversión que ha impactado negativamente en los mercados inmobiliarios de ciudades internacionales como Nueva York y Londres, y que desde su llegada a Donostia, la incertidumbre sobre su futuro se ha intensificado.
Imanol Sáenz Asensio, presidente de Alokairu y residente de estas viviendas, expresó su preocupación: “Nos han dejado en un limbo y no sabemos qué pasará con nosotros en dos años”. También Antxon Trueba, vecino de Benta Berri, enfatizó que “llevamos ya 28 años insistiendo en este tema” y destacó que la situación podría volverse muy traumática para el barrio.
Los manifestantes reclamaron que se mantenga el carácter de VPO de sus viviendas, argumentando que están sufriendo las consecuencias de la especulación inmobiliaria a nivel social. “Esto va más allá de lo político; es un problema social que requiere un acuerdo por el bien de Donostia y de nuestros hijos”, afirmó Sáenz Asensio.
En las últimas semanas, los inquilinos han recibido dos burofaxes de ejecución inmediata y 37 notificaciones de fin de contrato para 2027, con la condición de que el estatus de VPO de las viviendas expira en 2028. Agradecieron la intervención del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco, que está buscando una solución temporal que retrase el cese de los contratos, otorgando un periodo de «18 meses» para encontrar una solución definitiva.
Sáenz Asensio y Trueba, junto a Rosa García de Stop Desahucios, se manifestaron sobre cómo los contratos que firmaron no contemplaban simplemente el alquiler, sino que se prometió el derecho a la compra de las viviendas. “La mayoría de nosotros pensábamos en adquirir las viviendas, no en estar sujetos a un alquiler indefinido”, expresó Trueba.
En su intervención, Sáenz Asensio subrayó que “hemos pagado dos veces lo que debería ser la vivienda, mientras que el Gobierno Vasco solo ha proporcionado el suelo. Socialmente, hemos sido nosotros quienes hemos asumido el coste”. Actualmente, la renta mensual para un piso de 74 metros cuadrados se sitúa en torno a los 870 euros, manteniendo la condición de VPO.
A la pregunta sobre su futuro, los vecinos manifestaron su preocupación: “¿A dónde iremos?”. Señalaron que no hay disponibilidad en el mercado para realojar a 510 familias en Donostia, lo que implicaría un gran reto en medio de la crisis habitacional, afectando a cerca de 2.000 personas. Sáenz Asensio enfatizó que “hemos creado comunidad aquí, y todo podría perderse por una especulación desmedida”.
La situación ha suscitado críticas hacia la falta de acción de las autoridades políticas. “Esto ha ocurrido bajo la mirada de todos y parece que no se ha tomado en serio”, lamentó Sáenz Asensio. Reflexionó acerca de la posibilidad de haber abordado la problemática antes de 2018, cuando el fondo de inversión Blackstone tomó control de la situación.
Rosa García también dejó claro que la promoción de Benta Berri se ha convertido en un lugar atractivo para grandes fondos de inversión que conocen las limitaciones de las VPO. “Este espacio no tiene una protección permanente, ya que su convenio con el Gobierno Vasco finalizará en 2028”, alertó García.
La comunidad de afectados ha manifestado que la situación es insostenible y ha sido calificada como una dana habitacional. Los partidos políticos en la zona han expresado su compromiso de buscar soluciones, aunque reconocen la complejidad de la situación y la necesidad de un enfoque a largo plazo.
