Después de intensas negociaciones, los gobiernos central y vasco han alcanzado un acuerdo sobre cinco competencias estatales que se transferirán a Euskadi, incluyendo la gestión de prestaciones por desempleo y algunas prestaciones no contributivas de la Seguridad Social. Este pacto será formalizado hoy a las 10:00 horas en una reunión de la comisión mixta de transferencias, que había estado en suspenso hasta el último momento.
El desbloqueo de las conversaciones se logró gracias a la intervención directa de los presidentes Pedro Sánchez e Imanol Pradales, quienes mantuvieron contactos en los últimos días. Según fuentes cercanas a la negociación, ambos mandatarios concluyeron que era necesario acercar posiciones para avanzar en el acuerdo. La situación se había complicado, pero el martes se produjo un avance significativo que llevó a la formalización del acuerdo tras el intercambio de propuestas del miércoles.
El pacto cierra la crisis entre el Gobierno Vasco y el PNV, un socio clave para Sánchez en la legislatura. Esta reunión de hoy es crucial para ambos ejecutivos, ya que el PNV había amenazado con retirar su apoyo si no se concretaba un acuerdo que había avanzado en meses anteriores pero que se había estancado a finales de 2022. La necesidad de mantener la cohesión en la mayoría de la investidura se ha vuelto urgente para el presidente del Gobierno, especialmente con la distancia creciente de otros aliados como Podemos y Sumar.
La consejera María Ubarretxena también ha confirmado su participación en la reunión bilateral con el Gobierno central, aunque ha expresado su descontento por la demora en el acuerdo, acusando al Ejecutivo español de «falta de seriedad». En su declaración, subrayó que el acuerdo debería haberse firmado a finales de diciembre y que las negociaciones habían requerido más atención por ambas partes.
Las competencias que serán transferidas incluyen no solo las prestaciones por desempleo, sino también otras áreas como el Salvamento Marítimo y el Seguro Escolar. Se estima que estas transferencias implican la incorporación de más de 400 funcionarios a Euskadi y una asignación de más de 800 millones de euros anuales. Este traspaso es significativo, dado que representa la primera vez que el Estado confiere a una comunidad autónoma la gestión de una materia de la Seguridad Social, aunque sigue siendo de titularidad estatal.
A pesar del avance, quedan pendientes 16 transferencias adicionales que abarcan áreas delicadas como la gestión de puertos y aeropuertos. La comisión mixta tenía programada inicialmente la reunión para el 29 de diciembre, pero se pospuso al 16 de enero para evitar una escenificación del fracaso. Ambos gobiernos buscan concluir estas transferencias antes de finalizar 2025, en línea con el acuerdo de investidura firmado por Sánchez y el PNV. El objetivo es completar el marco estatutario aprobado en 1979, aunque desde el Gobierno Vasco evitan establecer un calendario concreto para ello.
La situación actual refleja la complejidad de las relaciones entre el Gobierno Vasco y el Gobierno central, donde las negociaciones van de la mano con conversaciones entre el PNV, EH Bildu y el PSE-EE. Estas charlas buscan un nuevo estatus autonómico, enfrentando el desafío del derecho a decidir, lo que añade una capa adicional de dificultad a un proceso ya complicado. La culminación de estas negociaciones será crucial para evitar un posible final abrupto de la legislatura y asegurar la estabilidad política en Euskadi.
