La designación de Gasteiz-Vitoria como sede oficial del Parlamento y del Gobierno del País Vasco, que se formalizó hace treinta años, ha sido objeto de un intenso debate entre las fuerzas políticas y los sectores económicos de la comunidad. La ley que establece esta situación, conocida como la Ley de Sede de las Instituciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco, carece de un reconocimiento explícito de la capitalidad, lo que ha generado numerosas discusiones y solicitudes de cambio a lo largo de las décadas.
A lo largo de estos años, el reconocimiento de Vitoria como capital ha sido tema de reflexión, pero, sorprendentemente, no se ha realizado ningún estudio de impacto que evalúe las implicaciones económicas y sociales de esta designación. Este vacío se ha hecho más evidente con la llegada del trigésimo aniversario de la ley, que se celebrará el 23 de mayo. Durante este mes, la ciudad albergará una serie de eventos, entre ellos una reunión de alcaldes europeos, Iberoamericanos y del Caribe, en el marco de la presidencia española de la Unión Europea.
La actual corporación municipal, presidida por el socialista Patxi Lazcoz, ha tomado la iniciativa de impulsar un estudio de impacto que se había acordado en 2008. Este análisis será llevado a cabo por la Universidad del País Vasco (UPV) y se centrará en evaluar aspectos económicos y sociológicos de la capitalidad. “Con él podremos quitarnos las legañas y dejar de hablar de oídas e intuiciones”, señala el concejal José Navas, quien ha promovido este proyecto.
En ausencia de datos concretos, el debate sobre la capitalidad se basa en impresiones y opiniones diversas. Algunos argumentan que la presencia del nombre Vitoria en medios de comunicación incrementa la proyección exterior de la ciudad y que la nómina de los empleados del Gobierno contribuye a sus ingresos fiscales. Otros, en cambio, sostienen que la condición de capital ha traído consigo problemas, como el encarecimiento de la vivienda y las concentraciones y protestas que se producen ante las sedes oficiales.
La falta de consenso sobre este asunto se ha hecho patente en las declaraciones de diversos actores políticos. Así, el actual alcalde ha optado por fomentar la identificación ciudadana con la capitalidad, un trabajo que ha llevado tres años y que se ha percibido como una respuesta a las críticas sobre la falta de reconocimiento oficial. “De ilusión también se vive”, comentó el alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, al rechazar asistir a las celebraciones del aniversario, destacando la distinción entre ser sede y capital.
El primer lehendakari, Carlos Garaikoetxea, quien fue clave en la firma de la ley en 1980, ha recordado que la decisión de establecer Vitoria como sede institucional se debió a motivos estratégicos, como evitar la elevación de Pamplona y fomentar un sentido de pertenencia en Álava. Sin embargo, la percepción de que la capitalidad debe consolidarse se ha mantenido latente, y ahora se exige un reconocimiento más claro por parte del Gobierno Vasco.
A medida que se aproxima el aniversario, se han reabierto las discusiones sobre la necesidad de añadir a la ley de Sede una frase que reconozca explícitamente la capitalidad de Vitoria, aunque, según indican fuentes del Ejecutivo, esto no aportaría efectos prácticos significativos. Aún así, los debates continúan, y la iniciativa ha sido llevada al Parlamento, donde podría enfrentarse a un largo proceso de deliberación.
La celebración del 30 aniversario de la ley es una oportunidad para reflexionar sobre el papel que ha jugado Vitoria en la estructura administrativa del País Vasco y cómo esta condición ha influido en la vida diaria de sus ciudadanos. Mientras tanto, la ciudad sigue buscando su lugar en el mapa político y social del territorio vasco, en un contexto donde la historia y la política local continúan entrelazándose de maneras complejas.
